Las coaliciones burguesas para hacer frente a la crisis de acumulación del 2001

Las coaliciones burguesas para hacer frente a la crisis de acumulación del 2001

por Prof. Lic. Alberto Horacio Rodríguez
rodriguezgaley@gmail.com

Resumen

El fracaso del régimen de convertibilidad en Argentina marcó un punto de inflexión en las relaciones entre las distintas fracciones de la burguesía. La crisis de acumulación capitalista tendrá su culminación en la insurrección de diciembre de 2001, triunfando una heterogénea coalición burguesa que construyó un bloque de poder que expresó las políticas devaluatorias y desplazó al polo dolarizador. El propósito central de este trabajo es delinear los elementos centrales que hicieron posible esta construcción burguesa para imponer una política económica. Con este propósito, se toma como eje analítico las tácticas del consorcio burgués devaluacionista, su conformación y características frente a otras opciones económicas para salir de la crisis. Por lo tanto, se analizarán las estrategias que desarrollaron las diferentes fracciones burguesas hacia la obtención del consenso social necesario para implementar sus proyectos económicos.

Introducción

La recesión que se inicia en la Argentina a mediados de 1998 fue el comienzo de la crisis del sistema económico de la convertibilidad. Los ingresos por inversión extranjera directa y exportaciones no alcanzaban a cubrir el saldo de las importaciones ni otras salidas de divisas. Por ello, la Argentina se volvió progresivamente dependiente de carteras de inversiones y préstamos. Como consecuencia, la acumulación de reservas de moneda producida bajo la convertibilidad estuvo sustentada esencialmente por la colocación de deuda externa pública . En este sentido, durante el gobierno de la Alianza se expresaron gradualmente las dificultades por evitar una crisis. La administración de De la Rúa intentó acordar con los organismos financieros internacionales y con fracciones de burguesía local que comenzaban a presionar por un cambio de rumbo de la economía, sin demasiado éxito. La crisis de la convertibilidad tendrá su acta de defunción en la insurrección de diciembre de 2001. Triunfará una heterogénea coalición burguesa, que logró construir hegemonía en torno a un programa cuyo eje central era la devaluación.
El propósito central de este primer avance de investigación será delinear los elementos centrales que hicieron posible esta construcción burguesa para imponer una política económica. Con este propósito, se toma como eje analítico las tácticas de coalición burguesa devaluacionista, su conformación y características frente a otras opciones económicas para salir de la crisis. En este punto, resulta imprescindible analizar las estrategias que las diferentes fracciones de burguesía desarrollaron para que sus proyectos económicos obtuvieran el consenso social necesario y ser implementados en un marco democrático.

La estrategia de la “fracción devaluacionista” ante la crisis de la convertibilidad

Un cambio estratégico comenzaba a gestarse entre la burguesía argentina a partir de las devaluaciones en el sudeste asiático (1997) y Brasil (1999). Este contexto es coincidente con el comienzo de una acentuada recesión económica en el orden local, a mediados de 1998. Esta transformación tendrá profundas repercusiones sobre fracciones de la burguesía, en especial aquellas cuya dinámica de acumulación y reproducción ampliada del capital se apoyaba en torno a la actividad manufacturera. La caída en las ventas internas, la fuerte disminución en la tasa de ganancia, dificultades crecientes para exportar y para seguir beneficiándose de la especulación financiera en el frente interno, abonaron esta prédica. Fue en esta coyuntura que los representantes de la burguesía industrial, autodenominados “sectores de la producción”, reclamaron en forma manifiesta medidas que compensaran la sobrevaluación del peso. El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Juan Carlos Lascurain, declaraba sobre el acuerdo comercial firmado con Brasil en octubre de 2001:

“Cuando hay asimetrías de todo tipo lo que hay que hacer es corregirlas. Ni la devaluación competitiva del real del 45% ni el desvío de inversiones se corrigen con salvaguardias. ¿Y lo qué pasó en todos estos años? En 1996, la metalurgia tenía 300.000 trabajadores. Hoy tiene 115.000. ¿Nos contentamos con este nivel de retroceso? Por este camino, el Mercosur se autodestruye.”

A lo largo de esos años, desde 1998 hasta 2001, se fueron aglutinando dos bloques de presión política. Alrededor de ellos giraron las disputas por el sentido que adquiriría la salida de la crisis. Por un lado, el segmento de la burguesía industrial agrupado en torno de la Unión Industrial Argentina (UIA), junto a una parte de la burguesía agraria representados por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Por el otro, buena parte del sector financiero local y las empresas privatizadas. De manera externa a estos dos núcleos se situaba el principal representante institucional de los acreedores externos: el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tras tener un enfoque inicial a favor del sostenimiento de la convertibilidad, finalmente acabó alineándose detrás de la salida devaluacionista.
Frente al gobierno delaruista, los sectores propensos a una devaluación intentarán una estrategia dual. En el corto plazo, pactar beneficios fiscales y mejoramiento competitivo. Como segundo objetivo, crear una opción política al programa de gobierno. Para la primera finalidad, ante el insatisfactorio acuerdo bilateral con Brasil, prontamente plantearon aplicar una mejora de la competitividad externa de las exportaciones. Lo expresaron en un documento desarrollado por la UIA y entregado al gobierno en octubre, que constaba de tres puntos básicos:

 Establecer un régimen compensador, que tome como punto de partida la cotización del dólar a 2,20 reales, y desde ahí aplicar aranceles y reembolsos para indemnizar las diferencias cambiarias. Estas compensaciones alcanzarían a todos los sectores, excepto a productos primarios, como el trigo y el petróleo.
 Fijar cupos de importación para aquellas ramas perjudicadas que necesitaran una mayor protección ante el ingreso de productos brasileños a bajo precio.
 Discutir la existencia de un superávit comercial de Argentina frente a Brasil, pues si se sacan los artículos primarios, la balanza es negativa para la industria y esto repercute en la suba del desempleo .

Para el segundo propósito, el más estratégico, era necesario que el futuro frente en favor de una devaluación generara consenso más allá de los sectores de la burguesía industrial y agraria. Así, se buscó cerrar filas con los representantes de los trabajadores, junto a buena parte de los partidos políticos burgueses y la Iglesia Católica. Estos adherentes tendrán como función investir a la coalición de cierta legitimidad. Muchos de estos actores funcionarán como portavoces en diferentes espacios.
En un encuentro con representantes de la burguesía industrial, coincidiendo en reclamar una renegociación del Mercosur y una reprogramación de los pagos de la deuda, Raúl Alfonsín, candidato a Senador por Buenos Aires de la Alianza opinará: “El país está acogotado (...) se va a tardar un tiempo en solucionar la crisis económica.” Hugo Moyano, secretario del disidente Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) , en una reunión con el presidente De la Rúa, acotó sobre el sistema de convertibilidad: “Este país no funciona porque tenemos un corset en economía que no nos deja funcionar”, agregando que “la Argentina es el único país del mundo que lo tiene.” Eduardo Duhalde, la noche que ganó las elecciones legislativas de octubre como senador por Buenos Aires del Partido Justicialista, sentenció: “Es suicida seguir por este camino” .
Para ganar la disputa frente a otros programas era necesario imponer un discurso contenedor e inclusivo. Ése debía revivir en el imaginario social ciertos valores integradores que evoquen la defensa de la producción nacional, la industria argentina, el trabajo, la recuperación del Estado, la Nación. Todos ellos debían presentarse en oposición a las características del sistema convertible. Así, la convertibilidad fue presentada como la causa de la crítica situación social y económica. Siguiendo la misma línea, la especulación financiera y la extranjerización de la economía eran sus principales engendros. “Hay otra Argentina posible. Hay un modelo agotado y hay otro que tiene sustento técnico. No es el de los más inteligentes ni una profundización del anterior” dirá Guillermo Gotelli, ejecutivo de Alpargatas y uno de los organizadores de la VII Conferencia Industrial convocada bajo el lema “El verdadero riesgo es no tener país”, realizada en noviembre de 2001 . “La convocatoria es para todos” señalará Manuel Cabanellas, presidente de CRA, sobre la invitación a una concertación político-social, que dará lugar a lo que se llamará Núcleo Nacional . En un documento de este agrupamiento, sobre la eliminación del peso, aseguraban: “por desesperación de una minoría desconcertada se cometerá el error de comprometer el presente y el futuro del país” . Otro documento, emitido por el Episcopado de la Iglesia Católica, señaló que resultaba “muy urgente recuperar las fuentes de trabajo y proponer políticas que alienten la producción y la equidad en la distribución de las riquezas, que permitan superar la injusta deuda social que pesa sobre nuestro pueblo y pone en peligro la gobernabilidad y la paz de nuestra patria.”
Los planteos por un nuevo rumbo económico, sustentados sobre la modificación del tipo de cambio, contaron además del creciente apoyo de amplios sectores del espectro político-sindical nacional, con buena parte de la comunidad académica local e internacional. El denominado Plan Fénix, desarrollado por economistas de la facultad de Ciencias Económicas de la UBA, será la alternativa económica desde la comunidad académica. Este plan se presentó en una reunión organizada por la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias (CAME), a la que asistieron más de cien dirigentes de empresas de 18 provincias y Capital Federal. Los principales lineamientos del diseño fueron:

 Replantear la deuda externa e interna,
 Terminar con la indexación ,
 Repensar la inversión extranjera,
 Acabar con la “insensatez” del tipo de cambio fijo,
 Dar prioridad a la defensa de la industria y el mercado interno.

Osvaldo Cornide, presidente de CAME, opinará sobre este plan: “la iniciativa del Grupo Fénix es la interpretación de un compromiso social y ético de la Universidad” . “Podemos renegociar la deuda pero si no lo acompañamos con desarrollo y equidad social vamos a estar igual” aseguraba Abraham Gak, coordinador del Grupo Fénix, de la facultad de Ciencias Económicas de la UBA .
También la burguesía internacional hizo llegar su apoyo al programa devaluacionista. Por ejemplo, Joseph Stigliz, premio Nobel de economía 2001, cuestionaba el plan de convertibilidad de la siguiente forma:

“Uno no puede tener un sistema de convertibilidad con tasa de cambio fijo en un país que comercia mayormente con naciones cuyas monedas se mueven con mucha diferencia respecto del dólar. El dólar fuerte implica un peso fuerte y por eso la Argentina no puede exportar ni a Brasil ni a Europa, por lo cual la convertibilidad es una parte importante de las fallas del Fondo en la Argentina. El país ha exhibido una gran flexibilidad para bajar el salario real, pero las exigencias de la convertibilidad van más allá de lo que cualquier economía razonable podía enfrentar, dada la volatilidad del tipo de cambio internacional.”

Otras voces y consultoras a nivel internacional vaticinarán la inviabilidad del sistema convertible. A manera de ejemplo, la calificadora de riesgo Moody’s opinaba:

“Siempre dijimos que no era un buen sistema ante los sucesivos shocks externos, y en particular ante los cambios en Brasil. Esta nueva medida hace más permanente esta camisa de fuerza que se refleja en el estancamiento económico. Por otro lado, reconocemos que existe una disyuntiva por las consecuencias que provocaría romper con el uno a uno, pero el beneficio que estas medidas traerán en términos de riesgo cambiario se contraponen con las restricciones que provocarán en el crecimiento.”

Desde el periódico The New York Times, en una nota firmada por el economista Paul Krugman, se sentenciará que “La Argentina se crucifica con la convertibilidad” .
Además de estos pronunciamientos externos, uno de los principales aliados de la devaluación será gobierno de Brasil. El principal socio del Mercosur prefería que Argentina no dolarice porque, en ese caso, era imposible implantar una moneda común, y dificultaba mucho una convergencia de las economías del Mercosur. Este movimiento revela la preocupación de la administración brasileña por fijar posiciones, ante la sospecha de que esta vez la dolarización no sería apenas una declaración de coyuntura. En una conferencia de prensa, ofrecida en Río, el ministro de hacienda Pedro Malan admitía: “No nos gustaría eliminar del mapa la posibilidad de crear en el futuro la moneda única de la región.” En términos similares, el ministro de industria brasileño, Sergio Amaral, sugería que la “dolarización hará más difícil coordinar las políticas macroeconómicas en el Mercosur.”
En el contexto local, la creación del denominado Grupo Productivo (GP) fue la primera etapa táctica en este proceso de acumulación de hegemonía. En septiembre de 1999, un mes antes de las elecciones presidenciales, la UIA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la CRA, se constituyeron como grupo de presión y referencia política del programa devaluacionista. Su gestación fue una derivación de la crisis de otro agrupamiento representativo de intereses burgueses, el Grupo de los Ocho. Esta agrupación reunía a las tres entidades mencionadas más las dos asociaciones representante de los bancos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Cámara Argentina de Comercio. Al estar hegemonizada por el sector financiero y comercial, había tenido una fuerte presencia al apoyar las políticas públicas de los años noventa. Y la crisis de 1998 profundizó sus contradicciones, disparando a sus miembros hacia los dos polos político-económicos que encarnaba la burguesía en la etapa.
Un segundo escalón táctico fue la articulación acompasada de intereses con la clase política local. La relación se estableció con una fracción del Partido Justicialista, el PJ bonaerense. Esto le sirvió al GP allanar su relación con distintas fracciones del sindicalismo peronista, especialmente el encabezado por Hugo Moyano, secretario del MTA. A mediados de 2001, el Grupo Productivo y el MTA coincidirán con la “salida productiva” , pronunciándose a favor de la necesidad de una devaluación de la moneda nacional. Este apoyo se completará con otros sectores políticos. Como hemos citado, con ciertos estamentos de la Unión Cívica Radical encabezados por Raúl Alfonsín, y también de la Iglesia Católica, a través de la Pastoral Social.

Una alianza gestada a medida de la crisis

A fines de octubre de 2001 el GP planteaba en Washington una propuesta de solución integral para la economía argentina, que incluía:

 Una reestructuración de la deuda externa,
 La corrección de la sobrevaluación cambiaria,
 Una reformulación de los contratos de empresas privatizadas para mejorar los precios relativos.

En esta misión, el presidente de la UIA disertó en un seminario frente a representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el FMI y del Tesoro de los Estados Unidos. “Hicimos una presentación respecto de cómo creemos que el país podría crecer removiendo sus problemas y cuál sería el escenario de la economía creciendo al 4% y cómo los números podrían cambiar sustancialmente a partir de eso”, resumía Ignacio de Mendiguren . En el seminario se expresó también el rechazo a una dolarización de la economía y a una devaluación de la moneda por parte de los industriales y por los representantes de los organismos multilaterales.
La presentación en el ámbito local de este plan alternativo fue la VII Conferencia Industrial Argentina, realizada en Parque Norte del 20 al 22 de noviembre de 2001. En la misma, desfilaron como oyentes y disertantes Aníbal Ibarra (Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), los gobernadores Carlos Ruckauf (Buenos Aires), José Manuel de la Sota (Córdoba), Carlos Reutemann (Santa Fe) y Ángel Rozas (Chaco). También el secretario del MTA, Hugo Moyano, el responsable de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Eduardo Escasany (Banco Galicia), y el presidente del Banco Nación, Enrique Olivera. Domingo Cavallo, ministro de Economía, tuvo su espacio de disertación también. Cerró la jornada el presidente Fernando de la Rúa.
La conferencia oficiará como parte aguas. El presidente de la UIA y portavoz del GP se diferenciará del sector burgués seducido por la alternativa dolarizadora, expresando disidencias a una solicitada emitida por esta fracción en días previos. Entre los firmantes de esta solicitada se encontraban la ABA, la Coordinadora de Productos Alimenticios (COPAL), el Instituto para el Desarrollo Argentino (IDEA), la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), el Consejo Empresario Argentino (CEA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Sociedad Rural Argentina (SRA). En el discurso inaugural, De Mendiguren expuso su visión sobre las causas de la depresión económica y unas propuestas generales para volver al crecimiento. Sin mencionar la palabra devaluación, De Mendiguren se limitó a reconocer que el problema de la economía radicaba en el tipo de cambio, reclamando estímulos al consumo interno. Demandó mejorar el tipo de cambio con mayores aranceles a la importación, a los que calificó de una “muleta”, aunque “es el único camino posible en lo inmediato”. También sugirió estimular las exportaciones con más reintegros . La presentación de De Mendiguren fue la misma que había formulado semanas antes, junto a otros directivos de la entidad como Federico Nicholson (director de Ledesma), Sergio Einaudi (director de Siderar) y el metalúrgico Juan Carlos Lascurain (presidente de la metalúrgica Fainser y de ADIMRA), ante el gobierno norteamericano, el FMI, el BM y el BID. Entre el auditorio había representantes del capital más concentrado, como Cristiano Rattazzi (Presidente de Fiat Argentina), Aldo Roggio (licenciatario del servicio de subtes -Metrovías-, trenes -FF.CC. Urquiza-, los peajes de las rutas Covisur, Coviares y Puentes del Litoral, más servicios de recolección de residuos y la construcción de diversas obras públicas), Eduardo Baglietto (presidente de CAMARCO), Javier Tizado (director ejecutivo de Siderar), Hugo D´Alessandro (directivo de Arcor), Alberto Álvarez Gaiani (presidente de COPAL), Guillermo Gotelli (ejecutivo de Alpargatas), Fabián Bakchellian (directivo de Gatic), Héctor Massuh (presidente Papelera Massuh), Osvaldo Cornide (presidente de CAME) y Vincenzo Barello (Directivo de Iveco Argentina). Por parte del sindicalismo se encontraba presente Armando Cavalieri, y políticos como Felipe Solá, Darío Alessandro, Leopoldo Moreau y Antonio Cafiero.
La propuesta del GP giraba alrededor de nueve “ejes para el desarrollo” :

1. Resolver la distorsión de los precios relativos del sector negociable, de modo de aumentar la competitividad para los sectores productivos: disminuir el costo de los servicios, de las tasas de interés y la presión impositiva sobre el sector productivo. Mejorar el tipo de cambio real.
2. Recuperación de la demanda interna: un ingreso para los desocupados, una rebaja de medicamentos, no afectar el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, políticas de compre nacional y una redistribución del ingreso.
3. Reformular el sistema financiero, impulsando la creación de un banco de reconversión industrial que apoye a sectores y regiones, así como menores niveles de encajes.
4. Reforma tributaria, que consista en la generalización del IVA y ganancias, y reducir la presión impositiva provincial y municipal.
5. Mayor eficiencia de la administración del comercio exterior: aplicación de medidas de salvaguardia, antidumping y antisubsidios, eliminar el contrabando y la subfacturación.
6. Renegociar la integración regional: compensar la devaluación del real con aranceles y reintegros.
7. Reprogramación voluntaria de la deuda externa.
8. Respaldo de una reestructuración del Estado diferente a la pedida por otros sectores empresarios.
9. Reclamo de una estrategia de desarrollo y acumulación de capital.

Un rechazo masivo a la dolarización fue pronunciado por economistas convocados por la UIA al cierre de esta conferencia anual. Los argumentos esgrimidos fueron que la dolarización no ayudaría al crecimiento económico, desarticularía el Mercosur y a varias industrias, agravando la rigidez monetaria y perdiendo la soberanía monetaria. Tampoco solucionaría el problema de sustentabilidad económica del país a largo plazo, por los problemas vinculados a la capacidad de generar divisas para afrontar la deuda externa. Coordinados por Federico Poli de la UIA, participaron el consultor Pedro Lacaste (APL Economía); el titular del Banco Credicoop, Carlos Heller; el frepasista Oscar Cuattromo; y Héctor Valle, de la Fundación de investigaciones para el desarrollo (FIDE) y el Plan Fénix. Todos coincidieron en un punto: la convertibilidad estaba agotada. Paradójicamente, no propusieron devaluar sino crear un consenso y tomar medidas previas hacia la flotación cambiaria .
A esta altura de los acontecimientos, la coalición comenzaba a ser realidad. Durante la tradicional cena anual organizada por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), perteneciente al GP, se escucharon palabras como: “En estos días otros importantes sectores manifestaron preocupaciones similares. Bienvenido el espíritu para un profundo acuerdo nacional. No hay espacio para desencuentros políticos y sociales” (Eduardo Baglietto, CAMARCO). La reunión contó con la presencia del presidente Fernando de la Rúa, del jefe de Gabinete Chrystian Colombo, y del secretario de Finanzas Daniel Marx . El discurso del vicepresidente de Techint, en la misma reunión, invitó a que “se reflexione identificando las ideas comunes en un proyecto nacional que tenga por objeto el crecimiento de la sociedad, que supere la desconfianza externa, que genere confianza interna y que produzca cohesión política.”
A principios de diciembre, la instauración del “corralito” precipitará la estrategia devaluacionista. La alianza devaluadora aprovechó la ocasión para seguir generando consenso tras su programa. José Ignacio de Mendiguren llamó a “trabajar en un plan para que el día 91 , la Argentina salga de la crisis con crecimiento”. De Mendiguren expresó estos conceptos durante una conferencia de prensa ofrecida luego de una reunión que mantuvieron industriales, banqueros, gremialistas y productores agropecuarios con la misión del FMI que en ese momento visitaba la Argentina. Durante el encuentro, los devaluacionistas expusieron ante la misión del FMI el informe elaborado por el GP sobre la situación argentina, que ya había sido presentado ante el BID y en la Conferencia Industrial realizada días atrás. De la reunión participaron el responsable auditor del FMI para el caso argentino, John Thorton; por la UIA, José Ignacio de Mendiguren, Héctor Massuh, Alberto Alvarez Gaiani; por la CAMARCO, Eduardo Baglieto, Gregorio Chodos y Aldo Roggio; por CRA, Manuel Cabanellas; por la ABA, Eduardo Escasany y por la CGT, Rodolfo Daer, Oscar Lescano, Armando Cavallieri y Carlos West Ocampo.
Una semana después de esta reunión, y ante los rumores certeros de dolarización, el GP (ahora ampliado), presentaba ante la prensa un manifiesto: “La dolarización es una falsa medicina” . La UIA, CAMARCO, CRA, la CGT y el MTA firmaron este manifiesto en contra de la eliminación del peso, saliendo abiertamente a la batalla por la hegemonía. En unos de sus párrafos el manifiesto expresará que:

“La dolarización no contribuiría a resolver los problemas que presenta el actual escenario de caída de empresas, de deterioro del salario real, de altas tarifas de servicios y elevadas tasas de interés, en definitiva, de alta pérdida de competitividad [...] por desesperación de una minoría desconcertada [se cometería] el error de comprometer el presente y el futuro [del país, al] abandonar la política monetaria, romper el Mercosur y avanzar en un ajuste dramático.”

Defendiendo esta posición, los firmantes junto con ABA y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), se reunieron con el titular del BID, Enrique Iglesias. Burgueses y sindicalistas creían que, si se decidía un cambio en el régimen monetario habría asistencia financiera internacional para la Argentina. En opinión del GP ampliado, el BID era el mejor interlocutor para gestionar ayuda financiera externa. Así lo expresó De Mendiguren:

“Iglesias es un gran aliado de la Argentina en Washington y queremos mostrarle nuestros acuerdos y cuál es nuestra posición frente a este plan [...] Nosotros queremos un plan sustentable que no sólo contemple el aspecto financiero sino también el crecimiento de la economía real.”

Los participantes de la reunión junto al titular del BID fueron Ricardo Gutiérrez (presidente del Banco Provincia), Eduardo Escasany (presidente del Banco Galicia), Eduardo Baglietto, de CAMARCO, Jorge Remes Lenicov, economista del PJ bonaerense, y Manuel Cabanellas, de CRA. También asistieron las dos centrales sindicales, representadas por Carlos West Ocampo y Armando Cavalieri (CGT), y Juan Manuel Palacios (MTA).
Así, el denominado Núcleo Nacional ya estaba consolidado como la alternativa política que expresaba el programa devaluacionista, integrado por la burguesía industrial y agraria del GP (UIA, CAMARCO y CRA), la burguesía financiera (ABAPPRA, un sector del ABA), y el sindicalismo representado por la CGT y el MTA.

El frente dolarizador

Otras fracciones de la burguesía intentaron resolver la crisis mediante una profundización de la convertibilidad, a través de la dolarización de la economía. Entre sus impulsores se encontraban la banca extranjera, algunos exportadores de materias primas y las empresas privatizadas. El segmento de burguesía dolarizadora tendrá no solamente un apoyo local sino además de la burguesía financiera internacional.
Desde el gobierno se insistía en mantener la convertibilidad, pero ante el avance de la construcción del frente devaluacionista, emanarán discursos de acercamientos a posiciones dolarizadoras. Al arreciar rumores de devaluación, cesación de pagos y renuncia del ministro de Economía, desde la jefatura de gabinete, Chrystian Colombo aclarará que “el Gobierno prefería dolarizar a devaluar.”
Uno de los primeros que sugerirán la dolarización de la economía argentina será el economista Jeffrey Sachs, director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Recomendando dolarización y reestructuración de la deuda concluirá que “El problema es de liquidez y no de insolvencia financiera” . Igualmente aclarará que la dolarización no era la solución que propondría para ningún otro país, pero señalaba que la situación argentina tenía características especiales que dificultaban la implementación de medidas más tradicionales como la devaluación de la moneda: “Lamentablemente no hay respuestas sencillas para la Argentina. Frente a una sobrevaluación cambiaria, para cualquier otro país del mundo yo recomendaría devaluar, pero la Argentina no es un país tradicional.”
Desde un informe del semanario británico The Economist se afirmaba que la Argentina debía dolarizar o reestructurar su deuda . El periódico londinense Financial Times, un poco más ambiguo, señalará en una editorial titulada “El quebranto de la Argentina” que una devaluación podría “matar al paciente”, mientras que la dolarización, única alternativa que quedaba, “no ofrece ninguna cura” .
Las voces vernáculas dolarizadoras provendrán de los bancos de capitales privados. El economista jefe del BBVA-Banco Francés, Ernesto Gaba, sugerirá que “En última instancia, existe la alternativa de dolarizar, como recientemente declaró el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo.” Otros voceros propagandísticos de la ortodoxia dolarizadora, como el Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (CEMA), respaldarán este proyecto. Los voceros del CEMA serán Carlos Rodríguez, Jorge Ávila, Roque Fernández, Pedro Pou y Fernando de Santibáñez (quien se ocupó de la dirección de la SIDE con De la Rua). El CEMA era la usina clave de defensa de la convertibilidad y defensor a ultranza de la dolarización. Contaba con el respaldo del sector financiero y de empresas multinacionales. Además, eran los referentes económicos de Carlos Menem. Éste último será el portavoz mediático más importante de esta concepción. En su calidad de jefe del Partido Justicialista, adherirá al proyecto dolarizador, en oposición a Eduardo Duhalde. El bonaerense hacía tiempo que tenía apetencias de liderazgo sobre el partido, ubicándose en las antípodas de los dolarizadores y acercándose a las propuestas del Núcleo Nacional devaluacionista. Carlos Menem se declaró “firmemente en favor de la dolarización” , y sobre la poca aceptación que recibía esta propuesta señaló que era “por ministros como Machinea o Cavallo. El primero te decía ‘qué lindo sería dejar flotar la moneda’, y Cavallo mandó mensajes subliminales de devaluación con la introducción el euro en la fórmula de la convertibilidad.”
A través de su vocero parlamentario, Daniel Scioli, presionará al ejecutivo para que inmediatamente se aplicase el plan dolarizador. “Hay que dolarizar rápidamente la economía”, concluirá luego de una reunión con De la Rúa . Sobre la función del Partido Justicialista en ese momento de crisis opinaba que “tiene que ser el de respaldar las instituciones y la gobernabilidad y avanzar rápidamente en la dolarización.”
El plan dolarizador de Menem se podía resumir en los siguientes puntos:

 Evitar por todos los medios una devaluación del peso y, además, dolarizar cuanto antes.
 Lograr que el Congreso apruebe el presupuesto 2002 en línea con la política de equilibrio fiscal.
 Impulsar una regionalización del país, para lograr achicar el gasto también en las provincias.
 Mantener el Mercosur, pero avanzar rápidamente en acuerdos comerciales con los Estados Unidos.
 Fortalecer el liderazgo político para pilotear y superar la crisis.

Según el diputado Scioli, la dolarización es “la idea de fondo” que sustentaba Menem, pero creía que ello se debía complementar con un fuerte alineamiento con Estados Unidos .
Cuando a principio de los ’90 se aplicó la receta convertible tuvieron apoyo de gran parte de la comunidad financiera internacional, como el FMI, el BM y el BID. Pero ante el fracaso de la convertibilidad, el FMI finalmente optará por desentenderse de esta propuesta y dejará avanzar la salida devaluacionista. Las características de este proyecto dolarizador y de los actores económicos que la apoyaron fueron los factores que finalmente terminaron por unir, por oposición de intereses, a los grupos devaluacionistas. Si se reconocía que el origen de los problemas era precisamente la convertibilidad, su profundización implicaría apuntalar aún más la incertidumbre y la crisis de acumulación.
Ante las diversas presiones a que estaba sometido el gobierno, Cavallo pensaba que dolarizar sería la última opción, envalentonándose con un supuesto apoyo del gobierno estadounidense. En medio de la debacle circuló el rumor de que el FMI acompañaría esta apuesta con el aporte de garantías del Tesoro, que se sumarían a los 3.000 millones que ya estaban a disposición de la Argentina, y así encarar un drástico programa de recompra o refinanciación de buena parte de la deuda pública . Obviamente esta ayuda nunca llegó.

Presiones políticas dolarizadoras

Algunos banqueros, las empresas privatizadas y firmas extranjeras propusieron al gobierno, a principios de diciembre, un plan para enfrentar la crisis, cuyo eje central era dolarizar la economía. El proyecto dolarizador fue delineado por los economistas del CEMA, y asumieron su defensa algunas de sus caras visibles: Roque Fernández, Pedro Pou y Fernando De Santibáñez. La propuesta fue considerada por sus impulsores como una medida extrema para aplicar sólo en caso de que fracase el plan económico vigente, y llevaba implícita una alianza política: estos sectores de la burguesía querían que ese proyecto sea acompañado con un acuerdo entre Fernando De la Rúa y el ex presidente Carlos Menem, y así “darle gobernabilidad a la Argentina” pues “sin liderazgo no hay gobernabilidad, y sin ésta, lo que viene es el caos.” Estos grupos estaban dispuestos a aportar unos 10.000 millones de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central. El aporte tomaría la forma de un adelanto de impuestos. La iniciativa tuvo entusiastas activistas, como Enrique Ruete Aguirre (HSBC), Emilio Cárdenas (AFJP Máxima), Carlos Rohm (Banco General de Negocios), Ranero Díaz (Repsol-YPF) y Fernández Prida (Telefónica de Argentina). Los portavoces de la burguesía dolarizadora sostenían que el plan tenía que terminar con una renovación de la conducción económica y exigían un reemplazo del ministro Domingo Cavallo. Para su reemplazo había tres candidatos: la vuelta de dos menemistas, como Pedro Pou y Roque Fernández, o la reinstalación del efímero ex ministro de Economía Ricardo López Murphy. El portavoz de este sector dentro del gobierno, Fernando de Santibáñez, habría hecho llegar el proyecto al Presidente de la Nación. También se agitó la propuesta utilizando diversos medios de comunicación, en particular luego de la reacción negativa de los mercados a los retoques a la convertibilidad de principios de noviembre.
La operación para imponer el plan se aceleró luego de que De Santibañes tuviera dos encuentros en Washington con la número dos del FMI, Anne Krueger, y con su predecesor Stanley Fischer . En ambos encuentros, De Santibañes conversó sobre las condiciones, los tiempos y hasta el tipo de cambio de una hipotética dolarización. Estas gestiones se desarrollaron pocos días antes de que el propio Cavallo intentara infructuosamente reunirse con representantes del mismo organismo. Y es evidente que sin un aval del gobierno argentino, el ex banquero amigo de De la Rúa no hubiese sido recibido por los representantes del FMI. De la Rúa, en varias declaraciones, expresó que no estaba considerando una dolarización, aunque en un caso extremo, resultaba una opción preferible a la devaluación. Antes de viajar a Washington, De Santibañes precisó los términos del proyecto de dolarización con Fernández, Pou y otros integrantes del CEMA.
En las postrimerías de diciembre la propuesta cambió. En la prensa comenzó a hablarse de un cambio de moneda paulatino, en el marco de un acuerdo bilateral con los Estados Unidos. El proyecto incluiría, entre otras cosas, una ley autorizando al Estado a cobrar impuestos y a pagar salarios en pesos y dólares, y la igualación de las condiciones para los depósitos en ambas monedas. El grupo sostenía que el cambio de moneda daría mayor seguridad sobre la economía argentina, alejando la posibilidad de una devaluación.
Los avances por la senda dolarizadora precipitaron la ofensiva devaluacionista. Una luz de alerta se encendió con el arribo de Miguel Kiguel al cargo de viceministro de Economía, en reemplazo del renunciante Daniel Marx. El flamante funcionario provenía del equipo de Roque Fernández, y se le asignó el manejo del acuerdo de canje de la deuda externa. Este cambio fue percibido por los devaluacionistas como una señal de que el gobierno se encaminaba hacia la dolarización. El arribo de Kiguel se produjo luego de una reunión entre De la Rua y Carlos Menem a principios de diciembre, en donde, según la prensa, esbozaron un “acuerdo patriótico” . La primera parte del “acuerdo patriótico” del Gobierno, el menemismo y los empresarios defensores de la dolarización, se habría puesto en marcha con la llegada a Economía de Kiguel. Este economista, ligado al CEMA, sólo habría aceptado el cargo cuando tuvo la certeza del aval de Menem y del presidente provisional del Senado, Ramón Puerta . “Con el ingreso de Kiguel hay una señal de que la dolarización avanza, no a pasos agigantados, pero avanza” señaló algunos días después Carlos Rodríguez, del CEMA. También sentenció que el flamante funcionario llegaba al Palacio de Hacienda por el apoyo del grupo empresarial IRSA al ministro Cavallo.
De la Rúa buscaba con este acuerdo que el menemismo lo respaldara en el canje de la deuda y en el rechazo a una devaluación. Le podían asegurar el apoyo de sus legisladores al presupuesto 2002 y la ley de coparticipación, con ajuste fiscal incluido, requisitos demandados por el FMI. Pero el programa dolarizador tenía serios contratiempos políticos. Existía en el radicalismo, y en el peronismo no menemista, un total repudio a la dolarización, y un proyecto como este no podría implementarse sin apoyo parlamentario. El problema central era que el Congreso debía aprobar tanto la derogación de la Ley de Convertibilidad como la adopción del dólar como moneda única. Obviamente, esto implicaba un contratiempo infranqueable. A su vez, el clima social presentaba un marco poco propicio para decisiones que bajarían y congelarían los salarios de forma explícita. La devaluación seguramente tendría el mismo efecto, pero en forma más velada. Otro escollo era la impopularidad de los candidatos a ocupar el Ministerio de Economía.
A pesar de los coqueteos, las dificultades que planteaba la alternativa dolarizadora parecen haber definido finalmente la posición que asumirían los organismos internacionales de crédito. Un comunicado del FMI, en los primeros días de diciembre, fue un tiro de gracia para este programa. El texto era breve y tenía dos partes. Primero anunciaba la negativa a desembolsar dinero, colocando a la Argentina al borde del default. Segundo, señalaron que no consideraban viables los cambios que introdujo Cavallo al plan de convertibilidad ni el déficit cero . Otra señal en contra se produjo durante las gestiones del canje de deuda en el tramo local, que por presión de la banca extranjera estuvo a punto de fracasar. El banquero Emilio Cárdenas, del Banco HSBC-Roberts, quiso introducir cambios de último momento en los contratos. Así, la operación estuvo abierta cinco horas, con final incierto, agregando más leña a la incertidumbre que existía en los mercados. Esta cuestión abrió una discusión dentro de la ABA, entidad que apoyaba la dolarización. En esta instancia Eduardo Escasany, que presidía el banco Galicia (de capitales nacionales), se mostró dispuesto a conciliar con el Palacio de Hacienda. Esto generó una división dentro del ABA, distanciándose Escasany, que comenzó a apoyar públicamente la alternativa devaluacionista .

La devaluación duhaldista

Luego del paso de cuatro presidentes por la Casa Rosada en menos de una semana, el 1º de enero de 2002, la Asamblea Legislativa eligió como presidente de la Nación al entonces senador Eduardo Duhalde. El primer discurso público luego de su asunción fue en la residencia de Olivos, en un encuentro con industriales y sindicalistas. Allí declaró que “hay que garantizar los derechos humanos básicos a los argentinos”, como “la alimentación y la salud”, y recordó que “el año pasado hemos liquidado a la clase media argentina” , sosteniendo que su principal tarea sería impulsar la producción y el mercado interno. “Mi gobierno pondrá fin a la alianza del poder político con el poder financiero, que perjudicó al país, para sustituirla por una alianza con la comunidad productiva” . Esta alianza entablada con el “sector productivo” son los que deberían conducir el país:

“Quise tener este primer encuentro con la gente de la producción, porque la comunidad productiva es la que debe gobernar en el país [...] Sé que a algunos esta clase de afirmaciones les parecerá una exageración, pero la comunidad productiva debe ser la semilla de la nueva alianza que construyamos en la Argentina.”

Este discurso entusiasmó a los empresarios presentes, de la UIA, las multinacionales alimenticias y la construcción. Ni los banqueros ni representantes de las privatizadas estuvieron en la residencia presidencial para escuchar esas palabras.
No hace falta destacar las notables coincidencias entre el proyecto duhaldista y lo que venían reclamando el Núcleo Nacional, lo cual habla de una alianza estratégica que quedó consolidada con la asunción del hasta entonces presidente de la UIA como responsable del nuevo Ministerio de la Producción. De Mendiguren estaba a favor de una devaluación del peso del orden del 40%, mientras que la mayor parte del grupo productivo aún se inclinaba por la canasta de monedas que incluyera al real, lo cual implicaba una devaluación más suave y controlada. La propuesta del flamante Ministro de Producción también incluía la pesificación de las deudas y el congelamiento de los depósitos en dólares a largo plazo.
En la madrugada del 7 de enero quedaba aprobada en el Senado la ley que terminó con la convertibilidad. Ese mismo día el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, dio a conocer el nuevo precio del peso oficial: $1,40 por cada dólar. El 10 de enero se conocería el decreto que autorizaba la pesificación de todos los créditos hasta $100.000, pero tan sólo cinco días después la UIA sacó un comunicado en el que pedía al gobierno la pesificación de todas las deudas, sin límite de monto, bajo la paridad un dólar un peso. Para impulsar esta medida, desde la dirigencia industrial aprovecharon las protestas que llevaban adelante los deudores particulares perjudicados por el límite del monto a pesificar. Este reclamo fue tomado por el conjunto de la burguesía local a través de un memorando de ABA y el GP, presentado al viceministro de economía. El argumento de estos sectores era que si no se adoptaba esa medida, la pesificación de todas las deudas, se podría llegar a una situación de cese de pagos total, hecho que perjudicaría tanto a los deudores como a los acreedores, que quedarían con una enorme cartera de créditos incobrables. A los dos días de presentado este memorando el ministro Remes Lenicov anunciaba la pesificación de todas las deudas 1 a 1, y la obligatoriedad de pesificar los depósitos en dólares a $ 1,40. La diferencia generada por esta pesificación asimétrica sería compensada a los bancos por el Estado .

Conclusión

El fracaso del régimen de convertibilidad en Argentina marcó un punto de inflexión en las relaciones entre las distintas fracciones de la burguesía. Frente a la profundización de la crisis de acumulación, junto a la crisis política y social, el grupo devaluacionista se mostró como la alternativa burguesa más viable. Logró generar un esquema de alianzas con otras facciones burguesas, con los sindicatos y partidos políticos mucho más sólido, inclusivo y plural que el que conformaron los impulsores de la opción dolarizadora. Para ello fue primordial imponerse en la disputa ideológica. Imponer su explicación del origen y las razones de la crisis, y concentrar la solución en una sola medida: la modificación del tipo de cambio. Al no plantear con similar claridad otros lineamientos de la política futura (sólo se hacían menciones generales a la distribución del ingreso), estos fueron interpretados de acuerdo con lo que cada fracción social deseaba o intentaba lograr. De esta manera logró hegemonizar a buena parte del movimiento social, logrando que diferentes fracciones percibieran su programa como respuesta a los intereses generales.
La devaluación de la moneda en enero de 2002 no fue, en absoluto, fruto de un acuerdo, sino más bien el resultado de un duro forcejeo entre distintas alianzas. Un importante sector del segmento industrial y agrario logró imponer los principales lineamientos de la política económica a seguir. El Grupo Productivo (UIA, CAMARCO y CRA), con el apoyo de organizaciones sindicales (CGT y MTA) y otras agrupaciones burguesas como ABAPPRA y más tardíamente ABA y Copal, tendrán la capacidad de generar un frente político capaz de torcer el rumbo económico hacia la pesificación de la economía, la devaluación de la moneda y la imposición de términos de intercambio más competitivos. Como producto de haber generado un esquema de alianzas sociales y políticas mucho más consistentes y contingentes, es que se imponen con respecto a la que conforman los impulsores de la opción dolarizadora.